A comienzos del siglo XVIII, existieron algunas compañías que intervinieron en el comercio de las colonias españolas, como fue el caso de la Real Compañía de Guinea, empresa comercial de origen francés que vendía esclavos; y la Compañía de Asiento Inglés, que igualmente debía encargarse del abastecimiento de esclavos.
Estas empresas aprovecharon el asiento para contrabandear, lo cual perjudicó en gran medida los intereses económicos del gobierno metropolitano y del rey de España. En consecuencia, el comercio ilegal aumentó en forma alarmante, y fue necesario combatirlo. Estas circunstancias dieron paso a la creación de la Real Compañía Guipuzcoana. Ésta fue constituida el 25 de septiembre de 1728, en virtud de una real cédula que expidió el rey Felipe V, para que existiera un comercio recíproco y exclusivo entre España y la provincia de Venezuela, deviene en un ente monopolizador del comercio del cacao y de la venta de productos importados directamente de España, tales como vinos, trigo, telas y hierro, eliminando tanto para los productores como para los consumidores locales la posibilidad de acceder a otro mercado, lo cual genera enormes fricciones sociales y animadversión de productores y comerciantes criollos en contra de dicha compañía, sus medidas y sobre todo, sus prácticas con respecto a la fijación de precios de las mercancías. trae también beneficios, impulsando por su propio interés el desarrollo o mejora de la infraestructura de puertos locales, tales como Puerto Cabello, Maracaibo, Coro y La Guaira, así como el resguardo de toda la costa desde el río Esequibo gasta la Guajira, al occidente, y su defensa en contra de contrabandistas que saboteaban su monopolio.
Operó desde 1730 hasta 1785, y tuvo gran influencia en el desarrollo económico, social y político de la colonia. Trabajó a base de acciones pertenecientes a capitalistas vascos, principalmente de la provincia de Guipúzcoa en el norte de España. . El contrato contemplaba que la empresa tendría el monopolio comercial con la provincia de Venezuela. Así, era la única que podía vender toda clase de mercancías importadas; e igualmente sólo ésta podía comprar los productos y llevarlos a España. Luego de abastecida la provincia de Venezuela, la compañía podía comerciar con las provincias de Cumaná, Margarita y Trinidad. Estaba facultada para llegar indistintamente a los puertos de La Guaira o Puerto Cabello, pero en España debía partir de Guipúzcoa y de regreso atracar en Cádiz.
El establecimiento de esta compañía significó un cambio profundo en el sistema de comercio tradicional de la provincia de Venezuela. Pues al tener monopolio del comercio entre España y la provincia, controlaba los precios de los bienes y los fijaba a su conveniencia, en perjuicio de los consumidores y de los productores locales. En suma, la Guipuzcoana estaba en condiciones de castigar cualquier violación. A raíz de esto, diversos sectores de la población (hacendados, comerciantes, contrabandistas y campesinos) rechazaron la permanencia de la empresa en tierras venezolanas. En un inicio la oposición fue legal y pacífica; pero después se tornó violenta.
Esta insurrección obtuvo grandes logros ya que consiguió que el Rey de España acogiera las acusaciones en contra de la empresa y tomara medidas al respecto. Entonces, se creó una Junta Reguladora de Precios, formada por el gobernador, como árbitro, un diputado del Cabildo y un representante de la Compañía. Inmediatamente, se vio un alza considerable en los precios, que alcanzaba hasta un 80%. Además, se les cedió a los hacendados y cosecheros un sexto de la capacidad de los barcos de la empresa para que remitieran por su cuenta productos a España. Y se les permitió adquirir acciones de la compañía, con lo que comenzaron a percibir beneficios de ésta.Con el establecimiento en 1776 de la Intendencia del Ejército y Real Hacienda, la Compañía Guipuzcoana fue sometida a controles más rígidos y se le redujeron sus privilegios. En 1779, la guerra con Gran Bretaña le impidió cumplir con sus compromisos con España y la provincia de Venezuela. Así fue como el 10 de marzo de 1785, por una real cédula, se ordenó su disolución
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